La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia es acusada de obstruir el acceso a la justicia en un caso que lleva cerca de año y medio que fue denunciado y lejos de brindar el apoyo a la afectada, pareciera que ha brindado protección al agresor al grado de declarar la no existencia del delito, situación que fue revocada por un juez.

Los hechos ocurrieron en el mes de julio de 2022 cuando Fernanda (nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de la víctima) fue golpeada durante dos días seguidos por su entonces pareja sentimental en el domicilio del agresor, provocándole fracturas en los dedos de la mano derecha y una cortadura profunda en el antebrazo izquierdo, además de la fractura de una costilla y múltiples golpes en diversas partes del cuerpo

La brutalidad con la que fue agredida provocó que tuviera que ser internada en un hospital de la localidad en donde recibió atención médica.

Luego de salir del hospital, con el apoyo de su familia acudió a la Fiscalía Zona Occidente a interponer la denuncia, ahí le programaron la cita con el psicólogo para un mes después mientras tanto le aseguraron que estarían al pendiente de ella y de su seguridad, no obstante le recomendaron que si el agresor se llegara a acercar solicitara apoyo de la Fiscalía para su protección.

El trauma que le provocó la agresión impedía que viviera con tranquilidad por lo que optó por salir del estado de Chihuahua hasta que regresó para el examen psicológico, cuyos resultados se los entregaron 20 días después, en la FEM le ofrecieron seguimiento a su caso incluso el apoyo de una abogada la cual tendría que darle seguimiento al caso e informarle los avances, pero, a decir de la víctima, nunca la atendió.

Fernanda acudía cada semana a preguntar por los avances de su caso y la respuesta del Ministerio Público era que esperaban los resultados de la pericial psicológica.

Al notar que no había avances optó por solicitar la carpeta de investigación al Licenciado Soltero, agente del Ministerio Público asignado a su caso, sin embargo recibió como respuesta un “¿para qué lo quiere?”, ella respondió que para tener conocimiento de los avances y ver si había algo que pudiera que hacer.

Su sorpresa fue mayor al ver que en la carpeta de investigación ya había un amparo tramitado por el agresor, así como declaraciones de él asegurando que no conocía a la víctima, y negando lo declarado por ella.

Cuando cuestionó al Ministerio Público por el contenido de la carpeta de investigación, el agente se limitó a decir que su abogada, asignada por la Fiscalía, era quien tuvo que haberle informado, la cual no tenía conocimiento de los avances del caso.

Fernanda decide contratar los servicios de un abogado particular quien comienza a darle seguimiento y sugiere se integren elementos de prueba, pero el Ministerio Público solicita que lo justifique por escrito.

A pesar de haber atendido todas las recomendaciones de la autoridad, la FEM expidió un auto del no delito el cual fue impugnado ante un juez de control debido a que los argumentos del Ministerio Público y de la propia titular de la FEM en la Zona Occidente, Ana Murga, indicaban que los testigos no habían presenciado los hechos cuando en la mayoría de los delitos de violencia familiar no se cometen enfrente de testigos y no tomando en cuenta las pruebas ofrecidas.

La víctima y su representante legal acudieron a una Audiencia de Control para solicitar al juez que se revocara la decisión de la FEM Zona Occidente, en la que el Ministerio Público puso en entredicho la lucidez mental de la denunciante.

Tanto para la víctima como para su abogado defensor, resultó absurdo estar en un juicio en contra de la Fiscalía que se supone es el defensor de las víctimas, el representante de la sociedad, a las personas que les pagan para proteger los intereses de la ciudadanía y que actuaban más como abogados del agresor.

El juez después de escuchar los argumentos de ambas partes (víctima y Ministerio Público) determina que la investigación no se puede cerrar y que se deben desahogar todas las pruebas presentadas por lo que revoca el auto de no delito.

A pesar de la resolución del juez de continuar con la investigación, en la FEM zona occidente continuaron sin atender el caso, incluso acusan al licenciado Soltero de no tener empatía con las víctimas y de no coadyuvar ni de informar a las víctimas “todo se lo guarda y lo suelta en una audiencia” lo cual califican de una traición a los principios más elementales que rigen una investigación.

Ante la pasividad de la autoridad, solicitaron que la carpeta fuera continuada en otra parte que no fuera Cuauhtémoc y deciden que continúe en Chihuahua, sin embargo ha resultado muy complicada la atención, no sólo telefónica, sino la atención personal ya que no hay disposición de continuar la investigación.

AMENAZAS

Tras las agresiones físicas, la ex pareja de Fernanda le advirtió que no se atreviera a hablar del caso ni con su familia ni con las autoridades ya que tiene contacto con gente mala que puede causarle daño a su familia o a sus pertenencias. Además de tener amistades que tienen influencias en la Fiscalía en donde no va a pasar nada, incluso “si decides irte a Chihuahua hasta sin trabajo te vas a quedar porque mi mamá es vecina y amiga de Maru Campos”

Ante ello acudieron con el secretario General de Gobierno en donde la canalizaron al  Centro de Justicia para las Mujeres, sin embargo aunque parecía que la investigación se iba a acelerar, continúa detenida por parte de la Fiscalía.

Para el abogado existió mala fe por parte de la FEM en Cuauhtémoc, haciendo lo posible para dar carpetazo al caso, sin embargo en Chihuahua pareciera que existe negligencia porque no hay interés de resolver el asunto